Tres de los 49 acusados por el fraude en la Alhambra aceptan penas de prisión
Tres de los 49 acusados en el llamado caso Alhambra, que investiga la venta fraudulenta de entradas con las que llegaron a generar 3,5 millones de euros que no percibió el Patronato del monumento, han llegado a un acuerdo con el ministerio público y han aceptado penas de entre tres y nueve meses de cárcel. Asimismo, la Fiscalía y la Junta de Andalucía han retirado su acusación contra otro de los procesados en el juicio, que se prolongará hasta diciembre y en el que también se sientan en el banquillo las sociedades de viajes Daraxatour SL y Washington Irving SL.
La dirección del complejo histórico demanda ahora 6,6 millones de euros en concepto de perjuicio económico y por los daños materiales que causaron los excesos de aforo causado por la entrada ilícita de grupos que rebasaban el número autorizado de 30 personas. “Se les permitía el acceso sin entrada, a cualquier hora y sin limitación”, explica el escrito de la fiscalía. Los delitos que se enjuician son: apropiación indebida, estafa, falsedad en documento mercantil, daños al patrimonio histórico-artístico y cohecho.
En esta primera sesión, tres acusados han pactado cumplir entre tres y nueve meses de prisión, y pagar una multa, en los casos de la pena más alta, de 6.000 euros, frente a los cuatro o nueve años que demandaba la fiscalía en un principio, según fuentes oficiales. No obstante, todos estos acuerdos previos de conformidad deberán todavía ser ratificados ante el tribunal de la Sección Segunda encargado del caso, según dichas fuentes. El juicio continuará para 49 de los 50 acusados iniciales después de que el ministerio público y la Junta hayan retirado su acusación contra uno de los trabajadores de Daraxatour SL por "no hallar indicios suficientes contra él en el caso", tal y como ha explicado el magistrado de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, José Requena.
Un año después de que el juez Miguel Ángel del Arco decretara la apertura del juicio oral tras nueve años de investigación, el medio centenar de acusados se han sentado en el banquillo para enfrentarse a una petición de la fiscalía de entre cuatro y nueve años de cárcel para 45 de ellos, entre los que también se encuentra un guía encargado de dirigir a grupos de turistas japoneses. De los 45, la fiscalía pide nueve años de prisión y una multa de 9.000 euros para diez de ellos. Los 35 restantes se enfrentan a la petición de cuatro años de cárcel y un total de 2.160 euros de multa.
Los 6,6 millones que exige el Patronato de la Alhambra deberán correr a cargo de los acusados junto a las sociedades viajes Daraxatour SL y Washington Irving SL en concepto de responsables civiles subsidiarios. Los primeros informes periciales, emitidos en 2014, llegaron a estimar que se habían vendido 800.000 entradas en la Alhambra al margen de los cauces legales y oficiales provocando un perjuicio económico cifrado en los 6,6 millones que ahora denuncia el patronato.
Las primeras irregularidades que se encontraron los peritos judiciales fueron: emisión de entradas falsas y billetes con el localizador anulado para ser vendidos otra vez. Las pesquisas también detallaron la “llamativa capacidad”, como explicaba el primer informe en 2005, de uno de los taquilleros de vender en 33 segundos un total de 65 entradas a 13 personas diferentes.
STENDHAL NO ESTÁ SIENDO INVESTIGADA EN EL CASO AUDIOGUÍAS
En el conocido como caso de las audioguías, se investigan las supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos de servicios y suministros por parte del Patronato de la Alhambra de Granada que afectan a diversas empresas y personas. Por lo que se refiere al servicio de audioguías, que Global News prestó entre los años 2007 a 2015, el procedimiento se circunscribe a algunos de los entonces responsables del Patronato y a dos directivos de la compañía. Las explicaciones que todos ellos han ofrecido al Juzgado, junto con la documentación que se está aportando al proceso, pondrá de manifiesto que no existieron irregularidades en la adjudicación del contrato sino una interpretación contractual de carácter meramente administrativo.
La dirección del complejo histórico demanda ahora 6,6 millones de euros en concepto de perjuicio económico y por los daños materiales que causaron los excesos de aforo causado por la entrada ilícita de grupos que rebasaban el número autorizado de 30 personas. “Se les permitía el acceso sin entrada, a cualquier hora y sin limitación”, explica el escrito de la fiscalía. Los delitos que se enjuician son: apropiación indebida, estafa, falsedad en documento mercantil, daños al patrimonio histórico-artístico y cohecho.
En esta primera sesión, tres acusados han pactado cumplir entre tres y nueve meses de prisión, y pagar una multa, en los casos de la pena más alta, de 6.000 euros, frente a los cuatro o nueve años que demandaba la fiscalía en un principio, según fuentes oficiales. No obstante, todos estos acuerdos previos de conformidad deberán todavía ser ratificados ante el tribunal de la Sección Segunda encargado del caso, según dichas fuentes. El juicio continuará para 49 de los 50 acusados iniciales después de que el ministerio público y la Junta hayan retirado su acusación contra uno de los trabajadores de Daraxatour SL por "no hallar indicios suficientes contra él en el caso", tal y como ha explicado el magistrado de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, José Requena.
Un año después de que el juez Miguel Ángel del Arco decretara la apertura del juicio oral tras nueve años de investigación, el medio centenar de acusados se han sentado en el banquillo para enfrentarse a una petición de la fiscalía de entre cuatro y nueve años de cárcel para 45 de ellos, entre los que también se encuentra un guía encargado de dirigir a grupos de turistas japoneses. De los 45, la fiscalía pide nueve años de prisión y una multa de 9.000 euros para diez de ellos. Los 35 restantes se enfrentan a la petición de cuatro años de cárcel y un total de 2.160 euros de multa.
Los 6,6 millones que exige el Patronato de la Alhambra deberán correr a cargo de los acusados junto a las sociedades viajes Daraxatour SL y Washington Irving SL en concepto de responsables civiles subsidiarios. Los primeros informes periciales, emitidos en 2014, llegaron a estimar que se habían vendido 800.000 entradas en la Alhambra al margen de los cauces legales y oficiales provocando un perjuicio económico cifrado en los 6,6 millones que ahora denuncia el patronato.
Las primeras irregularidades que se encontraron los peritos judiciales fueron: emisión de entradas falsas y billetes con el localizador anulado para ser vendidos otra vez. Las pesquisas también detallaron la “llamativa capacidad”, como explicaba el primer informe en 2005, de uno de los taquilleros de vender en 33 segundos un total de 65 entradas a 13 personas diferentes.
STENDHAL NO ESTÁ SIENDO INVESTIGADA EN EL CASO AUDIOGUÍAS
En el conocido como caso de las audioguías, se investigan las supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos de servicios y suministros por parte del Patronato de la Alhambra de Granada que afectan a diversas empresas y personas. Por lo que se refiere al servicio de audioguías, que Global News prestó entre los años 2007 a 2015, el procedimiento se circunscribe a algunos de los entonces responsables del Patronato y a dos directivos de la compañía. Las explicaciones que todos ellos han ofrecido al Juzgado, junto con la documentación que se está aportando al proceso, pondrá de manifiesto que no existieron irregularidades en la adjudicación del contrato sino una interpretación contractual de carácter meramente administrativo.
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